El Reino del Revés

La genial cantautora argentina María Elena Walsh nos dejó un invalorable legado musical. Muchas generaciones crecimos escuchando, entre muchas otras, la canción de referencia, en la cual con tonada festiva nos lleva “a ver como es, el Reino del Revés”, ese lugar en que “un ladrón es vigilante y otro es juez / y que dos y dos son tres”.
El breve escrito que presentaré a continuación es por una parte un relato de hechos y vivencias reales; y por otra un desafío, una invitación a leer con ojos de niño/a y descubrir en esta historia al menos tres situaciones propias del Reino del Revés. Luego me cuentan…

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En el año 1978, en plena dictadura militar, el interventor del municipio de Iruya y posterior intendente Don Samuel Herrera, tuvo una idea brillante: realizar un juicio de usucapión o posesión veinteñal a su favor de la finca Rodeo Colorado. Conforme a los testimonios de los pobladores indígenas este Señor jamás había pisado el lugar, pero esto no les importó demasiado a los jueces, quienes hicieron lugar a sus pretensiones en atención a las míseras pruebas presentadas. Mediante esta argucia pasaron a su poder de forma legal casi 10 mil hectáreas correspondientes a los territorios de las comunidades de Rodeo Colorado, Abra del Sauce, Campo Luján y Vizcarra.

Sobre esta base, por dos décadas hostigó a sus habitantes originarios. Una vez fallecido, continuaron la tarea sus ocho hijos. En un comunicado de Diciembre del 2005 las comunidades kollas relataron el encuentro con uno de los herederos, “quien dice ser supuesto dueño de las tierras que ancestralmente poseemos, vivimos y trabajamos, como Pueblos Indígenas preexistentes”. Agregaron que “con actitud prepotente y autoritaria exigió el pago de supuestos arriendos y pastaje sobre nuestro territorio, bajo amenaza de desalojar a cada una de las familias que no  accedieran a esto”.
Por entonces se encontraba a cargo de la Parroquia de Iruya el sacerdote español Juan Jesús Gea, reconocido por su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Con criterio pragmático y mentalidad europea pensó en realizar una campaña para juntar fondos en el Viejo Mundo, comprar los títulos de propiedad para las comunidades y así evitar las dilaciones de otros posibles trámites administrativos o judiciales. Quienes acompañábamos en la asesoría jurídica dudábamos de la conveniencia de encarar este tipo de acciones, pero decidimos participar de las negociaciones para saber cuánto pretendían cobrar los aparentes dueños. Ninguna de ellas prosperó. La primera reunión concluyó con uno de los herederos anunciando que “a ese cura le iba a bajar, de a uno, todos los dientes”.
En el siguiente encuentro anticipé la voluntad de las comunidades de retirarse por la falta de avances y exigir al Gobierno otras medidas de reivindicación, como por ejemplo una expropiación.

– ¡Cuando dicen expropiación escucho comunismo! – exclamó con histrionismo otra de las herederas.

En Abril de 2006 se realizaron las “Primeras Jornadas de Movilización y Protesta del Pueblo Kolla de Salta” en la cual participaron alrededor de 500 personas de toda la provincia. Todos habían recorrido enormes distancias para manifestarse, algunos más de 600 km. El Gobernador Romero, quien no se caracterizaba por su interés en la resolución de las problemáticas indígenas sino por todo lo contrario, tuvo que atender esta demanda y envió a las cámaras legislativas un proyecto de expropiación. En una de las provincias argentinas más conservadoras y reticentes a los avances y/o cambios sociales todos los legisladores votaron a favor de la iniciativa, con excepción de los dos diputados del trotskista Partido Obrero. Por razones políticas se negaban a aprobar un proyecto originado en “el romerismo”, sospechaban además que detrás de la maniobra podía esconderse un negociado. Aun así, sólo ellos rechazaron esta medida a favor de reconocer territorios ancestrales de comunidades indígenas.
La finca se expropió mediante ley provincial Nº 7396. Se festejó su sanción como una victoria, aunque tuvieron que pasar seis años y otras tres marchas similares para que se completara el trámite y finalmente se inscribieran las tierras a nombre de los legítimos ocupantes en calidad de propiedad comunitaria, en forma gratuita y de conformidad con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.

Rodrigo

Foto: Rodrigo