Una carnicería toda italiana, o mejor, el permiso de tortura

Cada vez que estalla un tema en los medios de comunicación me entra urticaria.

Odio escribir ante la inmediatez de los hechos o lanzarme en juicios apresurados, especialmente cuando todas y todos se convierten en diestros pilotos de Airbus, hábiles comandantes de cruceros, doctos politólogos expertos en corrupción, malversación de fondos y similares, así como eruditos economistas.

Hace unos días, sin embargo, hubo una noticia que se hizo rápidamente viral y que, tocando los temas de la violación de los derechos humanos, la intervención decisiva del derecho supranacional y de la lacuna legis en la justicia penal italiana, me empujó forzadamente a buscar un ordenador y a escribir un par de líneas.

Y no sólo para decir lo que pienso sobre un tema que, en el momento de mi adolescencia, me había perturbado de manera visceral, sino más bien para permitirme tener un rápido abstract que utilizar para contextualizar a amigas y amigos que no mastican bien el italiano y que tienen dificultad a la hora de obtener informaciones de primera mano (¡maldito gap cultural y lingüístico!).

La polémica que inflama el debate en estos días se remonta a julio de 2001, cuando se celebró en Génova la cumbre del G8, tristemente notoria por la muerte de Carlo Giuliani.

Pero no sólo por esto.

La noche del 21 de julio, después de un día interminable lleno de infiltrados, violencia e intimidación de varios tipos (no exagero, solo hace falta buscar el material puesto en línea por los periodistas de Indymedia para darse cuenta), la policía asaltó dos escuelas, la escuela Díaz y la Pascoli: destinadas inicialmente por el Ayuntamiento de Génova a sede del centro de prensa del Foro Social de Génova, más tarde, por culpa de las abundantes lluvias de aquellos días, se utilizaron como dormitorio común. Los presos de aquellas jornadas fueron llevados al cuartel de Bolzaneto (otro capítulo trágico del G8 cuya explicación necesitaría otro post).

Sin entrar en valoraciones de mérito, me limito a transcribir literalmente las declaraciones del subjefe añadido a la primera unidad móvil en Roma de ese momento, Michelangelo Fournier, quien puso otra vez en boga una definición creada por la Revolución Mejicana, reutilizada en Piazzale Loreto y abandonada hasta ese momento, es decir, “carnicería mejicana”: “Llegado al primer piso del instituto, me encontré con unas peleas. Cuatro policías, dos con cinturón blanco y otros vestidos de civil, se ensañaban contra los manifestantes desarmados tirados en el suelo. Parecía una carnicería mexicana. Me quedé aterrado cuando vi a una chica en el suelo con la cabeza rota en un charco de sangre. Incluso pensé que estuviese a punto de morir. Fue en ese momento que grité “¡basta! ¡basta!” y ahuyenté a los policías que golpeaban. Alrededor de la chica en el suelo habían grumos que, en aquel momento, me parecieron materia cerebral. Ordené por radio a mis hombres de salir inmediatamente de la escuela y de llamar a la ambulancia“.

Después de años de cuestionables vicisitudes judiciales, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH, sí, mejor llamarla así en vez de usar la clásica antonomasia) ha aceptado los requerimientos del recurrente, Arnaldo Cestaro, y ha condenado al Estado italiano por violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 (también CEDH), que así establece: “Prohibición de la tortura: Nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes“.

La sentencia Cestaro c. Italia n.6884/11 está destinada a convertirse en un muy interesante y poderoso precedente jurídico para todos aquellos recursos a la CEDH sobre los hechos de la escuela Díaz y Bolzaneto. Pero, sobre todo, pone de manifiesto una grave laguna en nuestra legislación penal local, es decir la falta de una disposición legal que sancione las conductas atribuibles al delito de tortura; y esto a pesar de que Italia haya ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984 (o sea, hace más de veinte años).

Nuestro cuerpo legislativo está peligrosamente incompleto.

Para la jurisprudencia clásica, o más bien, para la jurisprudencia iuspositivista, en realidad no existen lagunas legislativas; estas se pueden más bien clasificar como lagunas de valor, es decir, no tanto como ausencias de una norma que regule un determinado campo, sino como la falta de una norma que tendría que disciplinar un caso en base al criterio de justicia adoptado por el intérprete.

Dicha definición – probablemente excesivamente tortuosa y complicada para los y las no profesionales del derecho y que salvaría en el último minuto el fallo de nuestra ley local (me atrevería a clasificarla una praxis exquisitamente italiana) – se ha ido (por suerte) poco a poco abandonando incluso por los iuspositivistas; la mayoría de estos últimos, actualmente, tienden a no adoptar con los ojos cerrados la teoría de la exhaustividad (a priori) del ordenamiento jurídico, sino a considerar dicha teoría como un ideal al que tienen que acercarse.

¿Qué pasa, entonces, si un sistema jurídico de Civil Law carece de una disposición de carácter general que establezca, aunque sea en línea general, la reglamentación de una determinada conducta criminal de un sujeto de derecho?

En Italia, para hacer frente a dichos casos, interviene el artículo 12 de las así dichas Pre-leyes (o “disposiciones de la ley en general”), en el que se establecen los principios que deben adoptarse para la solución pacífica de las controversias: la vox iuris, analogia legis, analogia iuris y las referencias a las llamadas normas generales exclusivas e inclusivas.

Justamente a estas dos últimas se refería Norberto Bobbio, quien argumentó que su presencia simultánea en un ordenamiento como el italiano, en el que falte una tercera categoría, un tertium genus, daría lugar a grandes contradicciones e inevitablemente nos llevaría a reflexionar sobre el carácter incompleto del mismo ordenamiento.

El discurso, desarrollado de esta manera, parece muy teórico y hasta inútil.

Pero: imaginemos que un ordenamiento carezca de las normas que punen el delito de tortura, y que se cometa tortura en contra de los ciudadanos y de las ciudadanas que se manifiestan por la calle, ejerciendo en este caso su derecho, consagrado además en la Constitución vigente.

¿Qué podría pasar, si en este mismo ordenamiento existen unas disposiciones para interpretar la ley que entran en conflicto entre ellas?

Elisabetta

Foto: Han Soete

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