Justicia universal y democracia

Puede decirse que, hoy en día, es una sensación generalizada la de desapego a lo que, hasta ahora, habíamos coincidido en llamar democracia (tan desacreditada últimamente que ni siquiera merece la mayúscula). Lo cierto es que, en numerosos ámbitos, vivimos un momento de replanteamientos y redefiniciones en el que deberíamos cuestionarnos principalmente cuál es el la democracia que queremos y cuáles son los pilares principales que deberían sostenerla. Esta nueva definición habrá de ser contenedora de unos elementos que verdaderamente nos permitan validar el nuevo sistema de manera que se ajuste a las demandas realizadas desde la sociedad. Ello, sin duda, ha de incluir la configuración de la democracia como algo que vaya más allá de la esfera política y que alcance, por tanto, ámbitos hasta ahora apartados de facto del juego democrático.

Entre esos ámbitos, quizás por deformación profesional, quizás por ser un elemento verdaderamente esencial, me gustaría poner de relieve la importancia de la justicia a la hora de evaluar el carácter de una democracia concreta, más aun cuando hablamos de crímenes de una especial gravedad: ¿hasta qué punto se puede considerar democrática una sociedad que no juzga debidamente los crímenes cometidos contra su ciudadanía o contra la humanidad en su conjunto? En numerosos países se ha asistido a lo largo de la historia a episodios de tremenda brutalidad ejercida principalmente por parte de mandos políticos y militares, ya de sea de manera directa o indirecta. Una vez finalizados estos períodos, han tenido lugar transiciones, más o menos fluidas dependiendo de cada caso, hacia nuevos regímenes, en la mayoría de los casos democráticos. Si, después de los horrores cometidos, estos no son convenientemente juzgados y condenados, debe considerarse seriamente dañada la calidad del nuevo sistema instaurado; los cimientos sobre los que se construye son inestables y fácilmente destruibles. Esto es lo que sucedería desde una perspectiva intraestatal, evidenciando la incapacidad de sus renovadas instituciones a la hora de enjuiciar los crímenes cometidos dentro de sus fronteras.

Pero, me gustaría ir aún más allá y poner sobre la mesa otra cuestión: cabría plantearse también la calidad democrática del resto de Estados que, quizás con una democracia de mayor recorrido, consideran el asunto como algo ajeno a sus intereses y consienten o favorecen la impunidad de los criminalmente responsables. Para no caer en estos errores, resulta imprescindible el papel de las nuevas vías que ofrece el Derecho Internacional Penal; en este sentido, Brown califica la aparición del Derecho Internacional Penal y la persecución de los crímenes internacionales como la afirmación definitiva de la vigencia del Estado de Derecho en la comunidad internacional.[1] Y es justo aquí donde cobra sentido un instrumento jurídico muy mencionado en las últimas semanas: el  principio de justicia universal.

4196483657_2185cc1cd8

Pero, ¿qué es o en qué consiste exactamente dicho principio? Para explicarlo brevemente, basta decir que, a grandes rasgos, este principio permite poder juzgar en un determinado país a la persona que haya cometido un crimen de gran relevancia (crímenes contra la humanidad o genocidio, por ejemplo) aunque esa persona no tenga ninguna vinculación con ese estado que la juzga (es decir, aunque tenga una nacionalidad diferente y/o haya cometido esos crímenes en cualquier otro país). Puede que a muchos o muchas os suene extraño pero pensemos lo siguiente: escuchamos constantemente la palabra globalización, la tenemos presente en nuestro estilo de vida, en nuestros patrones económicos, en nuestra forma de vestir y comportarnos, en nuestros gustos musicales o cinematográficos o en nuestra manera de comunicarnos. Sin embargo, pocos son los ejemplos de una justicia globalizada o, dicho con otras palabras, con un alcance global.

Para “orgullo patrio” (ese del que tanto gusta hablar cuando se trata de mundiales de fútbol o del jamón de pata negra), España fue uno de los países donde, en el año 1985, se introdujo este novedoso instrumento jurídico, no se sabe si con convencimiento ético o con convencimiento esperanzado de que nunca llegaría a aplicarse a supuestos de gran trascendencia. Afortunadamente, los hechos demostraron lo contrario. Muy conocido y aplaudido fue el juicio emprendido por el juez Garzón contra Augusto Pinochet por los crímenes cometidos en Chile durante el período de la dictadura; pero no fue este el único caso en el que el principio de justicia universal fue invocado, con mayor o menor fortuna, en nuestro país (así, por ejemplo: casos Scilingo, genocidio en Guatemala, bombardeos en Gaza, Guántanamo, campos de concentración nazis, China-Tíbet y un largo etcétera).

A pesar de la satisfacción que deberían suponer estas actuaciones, en el año 2009 el legislador decide, de una manera nada transparente, modificar la regulación de este principio, pasando a exigir que, para poder llevar a cabo un enjuiciamiento de este tipo se cumpla uno de estos requisitos: que existan víctimas españolas, que la persona responsable se encuentre en España o que se constate un vínculo de conexión con España. Ya este cambio suponía grandes limitaciones para una herramienta cuya principal razón de ser es el alcance internacional. De hecho, a partir de ese momento, comienza una dinámica de sistemática inadmisión y rechazo de los casos planteados ante los tribunales españoles evidenciando la falta de operatividad práctica del principio recién reformado. Como es de esperar a estas alturas, la reforma fue consecuencia de presiones políticas y diplomáticas, provenientes principalmente de China, EEUU e Israel (resulta sospechoso el impulso a esta reforma tras la visita a España a principios del año 2009 de la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, y el compromiso que con ella adquirió su homónimo español al respecto del caso abierto en nuestro país contra soldados israelíes).

Sin embargo, parece que esta modificación no fue suficiente ya que, en los últimos días, una noticia volvía a asombrar a la ciudadanía: el principio de justicia universal sería sometido a un nuevo recorte, por decisión unilateral del partido del gobierno, sin apoyo de ningún otro grupo político y por la vía de urgencia. Sin entrar a analizar la larga lista de requisitos a partir de ahora exigidos (son diferentes para cada uno de los delitos y supondría un análisis excesivamente largo) basta con resaltar que, sin duda, las nuevas limitaciones hieren de muerte a un instrumento cuya utilidad en la lucha contra la impunidad resultaba evidente. Se vacía completamente de contenido al principio de justicia universal y, de nuevo, por motivaciones exclusivamente políticas. En esta ocasión, ha sido la presión que, sin ningún tipo de pudor, ha ejercido China, la nueva gran potencia asiática, la que ha hecho que España ceda, sin oponer la más mínima resistencia, y renuncie al que debiera ser uno de sus más preciados patrimonios jurídicos.

Al margen de las muchas discusiones que el principio de justicia universal, como cualquier otra herramienta jurídica, pueda suscitar, no podemos permitir que este tipo de actuaciones sean consideradas como aceptables. En la reflexión inicial de este artículo hacía referencia a los pilares que deben sustentar cualquier sistema democrático; creo que nadie discutiría que uno de los principales ha de ser la separación de poderes. ¿Existe en España? Juicios archivados por presiones políticas (la reforma del gobierno incluye un mandato generalizado de archivo de todos los procedimientos ya iniciados bajo el amparo de la justicia universal), decisiones legislativas adoptadas sin acuerdo ni apoyo político (lo del apoyo social ya ni siquiera lo imaginamos), ausencia absoluta de responsabilidad política (la transparencia o la rendición de cuentas al pueblo quedaron enterradas y la lista de casos de corrupción parece nunca acabar) y puertas cerradas al debate público ( solamente posible a través de la protesta -criminalizada, por supuesto).

Intentan acostumbrarnos, hacernos ver que este es el camino razonable, el único camino, que la democracia es esto, pero no lo es. Además de otros muchos, me parece que el principio de justicia universal es un buen indicador de la calidad democrática de un estado porque nos hace superar la individualidad y plantea, en cierto modo, una confraternización entre  las personas que conformamos las sociedades, sin importar cuál sea el escudo que aparece en su pasaporte. Desafía los planteamientos más tradicionales e invita a entender la justicia como algo que, más allá de la territorialidad o las fronteras políticas, incumbe a todos los seres humanos y los obliga a luchar contra la impunidad de aquellos que cometen crímenes mientras inventan normas (o presionan internacionalmente) para  no ser castigados por ello. Es cierto que todo esto supone un gran reto, pero, si algo bueno nos deja esta crisis, es el renacimiento de la conciencia crítica y, con ella, seremos capaces de entender que, como dijo Luther King, “la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en cualquier parte” y que, para esta causa, el principio de justicia universal es uno de los mecanismos más efectivos.

Candela

Advertisements

One response to “Justicia universal y democracia

  1. Pingback: Giustizia universale e democrazia | Cassandra Errante·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s